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En la última sesión del año la Cámara de Diputados de la Nación se aprobó la Ley de presupuestos mínimos para la adaptación y mitigación al Cambio Climático, que había obtenido media sanción por unanimidad en junio pasado en la Cámara de Senadores, donde se había originado.
Al respecto de la sanción de esta Ley, la responsable de la dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio, Ana Paula Motrel, señaló que “nos ayuda a gestionar políticas que trabajan en contra del Cambio Climático, que va en la línea de lo que veníamos trabajando –desde el Municipio- con la firma del Pacto Global y la adhesión a la Red Argentina contra el Cambio Climático. Y ahora nos da un marco para seguir trabajando fuerte en esa línea, con programas de eficiencia energética, tratamiento de residuos, etc. y sobre todo muy fuerte con el tema de forestación”.
Esta Ley, compuesta por seis capítulos, apunta a al establecimiento de los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en todo el territorio nacional.
Entre sus objetivos figuran:
– Establecer estrategias, medidas, políticas e instrumentos relativos al estudio del impacto y la vulnerabilidad, como así también la adaptación que puedan garantizar el desarrollo humano y de los ecosistemas.
– Promover el desarrollo de estrategias para mitigación y reducción de gases de efecto invernadero en el país.
– Reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante el Cambio Climático, protegerlos de sus efectos adversos y aprovechar sus beneficios.
También se dio rango de ley al Gabinete Nacional de Cambio Climático, creado por decreto en 2016.
Entre otros puntos se dio mayor respaldo al Gabinete de Cambio Climático, cuya función será diseñar e implementar en las distintas áreas de gobierno un “plan nacional de adaptación y mitigación al cambio climático”. Además crea un Consejo Asesor Externo formado por científicos, representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, entidades académicas y empresarias, sindicatos, centros de investigación y partidos políticos con representación parlamentaria.