El Secretario de Gobierno, Juan Simón Pérez, se reunió ayer (martes) con el Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari y el Vicegobernador, Daniel Salvador, con el objetivo de avanzar en las gestiones para concretar la ciudad judicial en la Ampliación Urbana.
En el encuentro, Juan Simón Pérez, planteó la propuesta municipal y llevo la documentación que será entregada a la Dirección de Infraestructura de la Suprema Corte de Justicia.
“Seguimos trabajando para ver cuál es la solución. Es una decisión que viene evaluando el Gobierno de la Provincia para el Departamento Judicial de Trenque Lauquen y para otros Departamentos Judiciales. Mar del Plata ha avanzado en las gestiones”, dijo Pérez.
En ese sentido agregó que “en Trenque Lauquen hay algunos aspectos que nos dan cierta ventaja que tienen que ver con que el Municipio pone la tierra y eso hace que el Poder Judicial no tenga que realizar un desembolso inicial. La propuesta es que sigan utilizando los edificios actuales y que al finalizar la obra se nos entregue en forma de pago algunos de los edificios que hoy ocupa el Poder Judicial”.
De concretarse la construcción de la ciudad judicial en la Ampliación Urbana, tendrá 25 mil metros cuadrados, que significan un total de dos manzanas y media.
Más allá de la vía oficial de gestión, Simón Pérez señaló que en Provincia “se dice que es un pésimo negocio seguir pagando tanto en alquileres, que también atenta contra la calidad del servicio de justicia tener dispersos por distintos lugares los organismos judiciales”.
FINANCIACIÓN
En relación a la situación de la Provincia de contar con los fondos para hacer frente a la Ciudad Judicial, Pérez señaló que “la Corte tiene acceso al crédito internacional y en su momento los números que había realizado la Corte eran viables. Veremos cuál es la situación. La Corte tiene que acudir a un endeudamiento internacional pero están dispuestos a hacerlo porque es la solución y lo que ha dado resultados en otros lados”.
En torno a los inmuebles, el Secretario de Gobierno informó que “los edificios de la calles 9 de Julio, Roca y el de la esquina de Uruguay y San Martín son propiedad del Poder Judicial de la Provincia; mientras que el edificio de la calle Uruguay es de la Procuración. En el caso de concretarse la propuesta, se necesita un acuerdo muy amplio que no lo resuelve el ejecutivo; tiene que participar el Concejo y la Legislatura de la Provincia, pero es un desafío que hay que encarar”, señaló.